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Pension Management and the Fallacy That Private Management Works Better

Reflexión de la semana · Gerardo Eliud López Vargas

Resumen

La gestión privada de los ahorros pensionales no garantiza por sí sola eficiencia, seguridad ni libertad efectiva de elección. A partir de experiencias de Paraguay, Perú, Chile, México, Brasil y otros países, se examinan los riesgos, los incentivos de la intermediación y las responsabilidades estatales en la protección social.

Summary

Private management of pension savings does not, by itself, guarantee efficiency, security or meaningful freedom of choice. Drawing on cases from Paraguay, Peru, Chile, Mexico, Brazil and other countries, the reflection examines investment risks, the incentives of financial intermediation and the state’s responsibilities for social protection.

Durante años se ha presentado la administración privada de las pensiones como sinónimo de eficiencia, seguridad y libertad de elección. Pero la propiedad de una entidad no demuestra, por sí sola, su capacidad para proteger los ahorros. La eficacia institucional depende de la autonomía frente a intereses particulares y de las relaciones que permiten orientar la acción pública, como plantea Evans (1995). También exige capacidad para examinar alternativas y anticipar consecuencias, en el sentido desarrollado por Howlett (2018). En materia pensional, lo central es quién toma las decisiones, quién las controla y quién responde por sus resultados.

Paraguay ofrece una advertencia reciente. En noviembre de 2026, el Banco Central inició la intervención de Ueno Bank, entidad privada en la que el Instituto de Previsión Social mantenía depósitos e inversiones. El IPS tuvo que adelantar gestiones para proteger sus créditos y reorganizar el pago a unos 32.000 jubilados que recibían sus mesadas por ese banco.

Los antecedentes latinoamericanos amplían la preocupación. En Perú, el sistema privado de pensiones obtuvo en 2022 una rentabilidad nominal de −7,5 % y real de −14,4 %, aunque las administradoras registraron utilidades. En Chile, los fondos A y B acumularon, entre enero y noviembre de ese año, rentabilidades reales de −17,14 % y −13,26 %. En México, la autoridad de ahorro para el retiro reportó minusvalías por 215.477 millones de pesos en 2022. En Brasil, el Tribunal de Cuentas de la Unión investigó inversiones irregulares y perjuicios en un fondo complementario de pensiones, con consecuencias para sus participantes.

Fuera de la región, una investigación del Parlamento australiano identificó cerca de 176 millones de dólares australianos perdidos o desaparecidos en el fraude de Trio Capital. En Estados Unidos, la GAO examinó las pérdidas de ahorros para la jubilación de trabajadores de Enron tras su colapso. En Reino Unido, el Parlamento documentó un déficit pensional de 571 millones de libras asociado a la crisis de BHS. Los mecanismos fueron diferentes (fraudes, concentración de inversiones y obligaciones empresariales insuficientemente respaldadas), pero todos muestran que el riesgo pensional también se materializa en estructuras privadas.

Surge entonces una asimetría. Los intermediarios cobran por administrar recursos ajenos, incluso en periodos en que los fondos pierden valor, mientras los trabajadores soportan parte del riesgo de mercado. Esto no elimina las obligaciones legales de rentabilidad mínima ni la responsabilidad por una gestión indebida. Sí exige distinguir entre el resultado financiero de la administradora y la protección efectiva del ahorro. Que una empresa obtenga utilidades no significa que quienes confiaron en ella hayan mejorado su situación pensional.

La libertad de elección tampoco equivale a controlar las inversiones. En Colombia, el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 permitió a determinados afiliados trasladarse al régimen público, pero previó que sus recursos permanecieran temporalmente en las AFP. Tras la suspensión judicial del Decreto 415 de 2026, que buscaba anticipar el traslado del dinero, persistió la controversia. En mayo de 2026, la Superintendencia Financiera abrió investigaciones sobre recursos correspondientes a 32.803 personas que ya habían adquirido su derecho pensional, pero cuyos ahorros aún no habían sido trasladados. Esto muestra que la decisión de cambiar de régimen o de fondo no necesariamente se refleja de inmediato en la realidad: una cosa es que la persona ejerza su derecho a elegir y otra que el traslado de los recursos se haga efectivo.

El sistema de pilares de la Ley 2381 propone articular protección pública, solidaridad y ahorro individual. Su aplicación integral sigue pendiente y no debe presentarse como una solución ya probada. La cuestión de fondo es si esa combinación fortalece las capacidades para supervisar, prevenir pérdidas, distribuir responsabilidades y sostener prestaciones dignas. Para ello se necesita una supervisión estatal autónoma frente a los administradores y con capacidad de detectar riesgos antes de que sus costos recaigan sobre los afiliados.

Cuando los ahorros acumulados no son suficientes para garantizar una vejez digna, las consecuencias no recaen únicamente sobre el afiliado. El Estado sigue teniendo responsabilidades en materia de protección social, aun cuando ello no signifique asumir automáticamente todas las pérdidas financieras. Por eso, resulta problemático presentar la superioridad de la gestión privada como un hecho incuestionable sin examinar sus resultados reales, los incentivos que la orientan y las responsabilidades que genera. La cuestión de fondo es quién obtiene los beneficios de administrar los ahorros de los trabajadores, quién asume los riesgos cuando los resultados son insuficientes y qué garantías existen para que esos recursos cumplan efectivamente su finalidad social.

Referencias

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